Maria Lisa Cinciari Rodano

Maria Lisa Cinciari

"Con la fundación de la FDIM teniamos la esperanza de aportar a construir un nuevo mundo y la conquista plena de los derechos de las mujeres"

Linda Matar

Linda Matar

"Seguiremos demostrando que los sueños no se miden por la edad, estos continúan mientras haya un corazón latiendo"

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Melida Anaya Montes

"En los momentos mas dificiles hay que tener la mente fria y el corazon ardiente de amor por la poblacion"

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Vilma Espín

"Una gran maestra de la vida, distinguida por su amor y de dedicación a la obra de la revolución"

América y El Caribe.

Bogotá, Colombia.

La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) presentó este día a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) el Segundo Informe a un año de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en correspondencia con el compromiso asumido según el epígrafe 6.4.2 sobre el acompañamiento internacional para la verificación del Acuerdo, con el mandato específico de monitorear y dar seguimiento a la incorporación del enfoque de género en su implementación.

Sobre la base de los principios que dan vida a la FDIM: la paz, los derechos humanos de las mujeres en el mundo y la autodeterminación de los pueblos, se presenta el segundo informe de verificación, en armonía con la labor que desarrollan otras instancias de acompañamiento internacional para la verificación. De esta manera, la FDIM contibuye a la construcción de la paz en Colombia, considerando las necesidades específicas de las mujeres colombianas en general, en particular de las excombatientes de las FARC-EP y las mujeres víctimas del conflicto.

La Tercera Misión de Verificación nombrada por Lorena Peña, Presidenta de la FDIM, estuvo integrada por la Licenciada Alba Estela Maldonado, de Guatemala, Jefa de la Misión, la Doctora Berta Joubert-Ceci, de Puerto Rico, Estados Unidos de América, la Doctora Silvia Solórzano de Guatemala y la Doctora Gloria Inés Ramírez, de Colombia, Vicepresidenta de la FDIM para la Región América y El Caribe; todas con amplia experiencia en procesos de incidencia para la construcción de paz y especializadas en la teoría feminista y el enfoque de género.

Mediante un marco metodológico basado en la recolección de información desde las fuentes primarias, a través de entrevistas, observación y participación a lo largo de 8 días de trabajo, la Misión de Verificación sostuvo reuniones bilaterales con las instancias públicas responsables de la implementación de los acuerdos, algunas instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final y con organismos internacionales. La Misión también participó en asambleas nacionales y comunitarias de mujeres organizadas y capacitadas para el monitoreo, sistematización y análisis de la implementación del acuerdo.

 Fuentes de recolección de información:

INSTANCIAS MISIÓN

Consideraciones y recomendaciones de la Misión Política de la FDIM, según los puntos del Acuerdo final:


Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

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El sentido de este Punto dentro del Acuerdo Final es implementar una “reforma estructural del campo, que cree condiciones de bienestar para la población rural”. Esa afirmación vinculada a la incorporación transversal del enfoque de género en su implementación, es un reto con resultados a mediano y largo plazo. La realidad que viven y perciben las mujeres rurales no coincide con el espíritu planteado, por falta de información sobre los derechos contenidos en el Acuerdo y la ausencia de medidas concretas de implementación.

La Agencia Nacional de Tierras informó que el proceso para el catastro, base informativa fundamental para promover procesos de adjudicación, formalización, restitución y titulación de tierras, está en fase de preparación y se han iniciado proyectos pilotos en 23 municipios; sin embargo, se observa con preocupación la demora de su concreción.

Esta instancia logró la aprobación en mayo 2017 del Decreto Ley 902-2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras" y la aprobación del Reglamento en junio 2017 con la Resolución 740-2017 “Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, y se dictan otras disposiciones”. Con este marco jurídico se tienen los ajustes normativos necesarios para los procesos de adjudicación y regularización de la propiedad de la tierra para la población rural, incluyendo los derechos y algunas medidas afirmativas para las mujeres. Ahora están trabajando la parte metodológica y formatos tecnológicos para reunir y sistematizar la información de los beneficiarios.

Se identifica incertidumbre y desesperanza en las mujeres en relación al proceso de paz y las expectativas generadas; pues se desconocen las normativas y mecanismos que operativizarán el acceso, la propiedad o copropiedad de la tierra. En la actualidad los títulos de propiedad están a favor de los hombres y no de las mujeres y hoy el acceso y formalización de la tierra no es una realidad para las mujeres rurales.

La principal demanda de las mujeres rurales es el acceso a tierra productiva y a créditos para producir y garantizar la sobrevivencia familiar. Las acciones de erradicación y sustitución de cultivos de la hoja de coca provocan un vacío en la actividad económica, sin que se vislumbren posibilidades de proyectos para garantizar la futura producción y la sobrevivencia familiar. Las mujeres campesinas denuncian que se les ha despojado de sus tierras, los títulos de propiedad aparecen con otros nombres; a la vez que enfrentan la amenaza de reducir la extensión de su propiedad ante el establecimiento de un mínimo de hectáreas para la adjudicación de propiedad de la Unidad Agraria Familiar (UAF).

En el Congreso de la República hay un proyecto de Reforma Agraria no concertado con la CSIVI, que no fue consultado a los grupos étnicos, ni con organizaciones campesinas, ni con las mujeres rurales.

Se han identificado obstáculos de tipo burocrático que han impedido la convocatoria a organizaciones de mujeres, y a las mujeres en general, para participar y acceder a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTE). Se invisibiliza a las mujeres y no se les reconoce como sujetas autónomas de producción y poseedoras de tierras. En los PDTE no siempre está incluido el enfoque de género. Aún no existen programas integrales de financiamiento para la implementación de proyectos productivos que permitan a las mujeres rurales generar ingresos para su auto sostenimiento.

Las mujeres que asistieron a las asambleas comunales y reuniones de organizaciones de mujeres han denunciado que, ante la salida de las unidades militares de las FARC-EP de los territorios, se están entregando tierras a empresas multinacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales. El acceso a la tierra para las mujeres excombatientes de las FARC-EP no está garantizada. No han sido convocadas para participar en la construcción de los PDTE.

Las mujeres rurales ven con preocupación que las decisiones para la adjudicación de tierras que coordina la Unidad de Restitución de Tierras está compuesta por jueces, lo que ha hecho más complejo el proceso y en gran parte de los casos se emiten resoluciones arbitrarias. Las mujeres rurales siguen siendo víctimas de la violencia económica y de la exclusión a partir de la negación de las tierras para la producción.

Las comunidades visitadas en el Departamento de Caquetá son lugares con muy poca presencia del Estado. Las mujeres reclaman y esperan, como parte de los beneficios del proceso de paz, se instalen vías de comunicación y servicios de salud y educación adecuados.

 

Punto 2: Sobre la Participación política: apertura democrática para construir la paz.

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Se parte de una realidad de insuficiente participación política de las mujeres en los puestos de toma de decisión: 3.12% en gobernaciones, 17.5% en asambleas departamentales, 9.9% en alcaldías municipales, 13.7% en consejos municipales, 16% en el senado y 11% en la Cámara de Representantes.

Este punto, y de manera transversal el Acuerdo Final, prevé la participación de las mujeres en las discusiones desde la base en la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial y en múltiples espacios. En el Acuerdo Final se mencionan 28 acuerdos específicos relacionados con las garantías plenas para el ejercicio de la opinión política y otros mecanismos de participación ciudadana y política en diferentes ámbitos en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Sin embargo, de acuerdo a la información recibida, la participación política de las mujeres se ha visto amenazada por diferentes razones:

• Las excombatientes comentan la incertidumbre jurídica ante el manejo que se dé a los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

• Se lamenta el fracaso en la propuesta de reformas a la normativa electoral y política que habrían garantizado candidaturas en términos de paridad a hombres y mujeres y otros cambios para ampliar la democratización y la transparencia en la participación política, aspecto medular para esta etapa del post conflicto armado.

• No existen espacios que garanticen la participación basada en los principios de universalidad, paridad y alternancia. A esta realidad se suma la negativa por parte del Senado de habilitar la Circunscripción Territorial de Paz que establece 16 curules especiales para mujeres de los territorios.

• Las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos enfrentan una realidad de persecución política y no cuentan con garantías de seguridad para la libre participación política; el número de víctimas ha incrementado luego de la firma del Acuerdo Final. La criminalización de las mujeres que ejercen actividad política también está vinculada con la defensa de los territorios donde empresas multinacionales están ingresando con el fin de extraer recursos naturales. En 14 meses han asesinado a 182 dirigentes de organizaciones sociales; de ellos, 59 son mujeres y 28 excombatientes.

• Se valora la elección de Magistradas para la Jurisdicción Especial para la Paz, así como en instituciones de memoria histórica y derechos humanos.

• Se ha planteado con especial preocupación los casos de Tumaco, municipio fronterizo con Ecuador, donde se ha reportado una masacre con 24 asesinatos en las últimas semanas.

 

Punto 3. Sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas.

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El 26 de octubre 2016 inicia el cese al fuego según el acuerdo de Cartagena. El 24 de noviembre de 2016 se firma el Acuerdo Final, el 27 de junio de 2017 culmina la dejación de las armas y el primero de agosto las 26 Zonas y Puntos Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde todavía permanecen la mayoría de las y los excombatientes. Las FARC-EP cumplieron con la entrega absoluta de armas y bienes que se pusieron a disposición del Estado para la implementación de proyectos de reincorporación.

Sin embargo, se observó que los proyectos productivos y esfuerzos de formación y capacitación que existen han sido auto gestionados por las y los ex combatientes que habitan en los otrora campamentos guerrilleros. No se reportan proyectos integrales implementados desde el Estado.

En el aspecto laboral para las y los excombatientes se conoció que ya está participando el segundo grupo en la Escuela del Centro Internacional de Escoltas S.W.A.T., en total 786 participantes que salen certificados de escoltas, vigilancia privada y alturas. En la reunión con un grupo de 17 mujeres y 6 hombres estudiantes se conocieron varios de los obstáculos que han tenido aspirantes después de haber pasado las pruebas de selección que incluye exámenes de confiabilidad, idoneidad y competencias; pero cuando hacen los trámites de contratación con el Estado se les exige acreditación del alto Comisionado, amnistía, certificación de juez a los ex prisioneros y les señalan inconsistencias en sus documentos por situaciones no resueltas entre los juzgados, o el caso de la libreta militar en donde hay diferentes interpretaciones del Decreto 1861.

La dejación de las armas se señala como el único acuerdo totalmente cumplido, aunque no existen garantías para la reincorporación de las y los excombatientes.

 

Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas.

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Con el fin de solucionar el problema de las drogas ilícitas se ha planteado una estrategia de 3 componentes: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, un Programa de prevención del consumo y salud pública y un Programa de solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. El primero de ellos ha generado serias dificultades en esta etapa de la implementación del Acuerdo Final.

En la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), las mujeres rurales han manifestado amenazas concretas a su vida y a su sostenimiento económico. Se reportan las siguientes dificultades:

• Este programa exige a las personas que se dedican al cultivo de la coca el retiro voluntario de su actividad productiva; para ello deben manifestar por escrito y firmar tal voluntad. El Estado se compromete a garantizar un fondo financiero para implementar cultivos o proyectos alternativos; sin embargo, en la práctica, las mujeres manifiestan que el fondo no es suficiente para implementar proyectos sostenibles debido a la falta de tierras para continuar sus proyectos, pues en la mayoría de los casos, deben arrendar tierras de otros propietarios para sus cultivos. A esta realidad se suma la violencia ejercida por la Policía Nacional, que ingresa a los cultivos con el fin de eliminarlos de manera absoluta, luego de la identificación geográfica de estos, dejando sin garantías a las mujeres rurales que forman parte de la cadena productiva de la droga y que además, no son reconocidas como beneficiarias del programa.

• Los cultivos de uso ilícito se encuentran en territorios que no cuentan con vías de acceso que faciliten el desplazamiento para la comercialización de los nuevos cultivos, además las tierras donde se ha cultivado la coca se consideran infértiles debido a la alta cantidad de químicos que implica su producción. Esta realidad impide la sustitución de cultivos y la generación de mecanismos para nuevas formas de soberanía alimentaria para las mujeres.

• El Estado no está cumpliendo con el compromiso de “… tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito…”, ya que la persecución y las penas siguen siendo igual de duras y hasta enfrentan la amenaza contra su vida.

• En este escenario intervienen grupos criminales que defienden el tráfico de la droga, situación que, ante la ausencia de nuevos programas y soluciones, generan otras formas de violencia.

• Las mujeres que habitan las zonas donde existen cultivos de uso ilícito son víctimas constantemente de violencia psicológica y estigmatización ante la humillación a la que son sometidas cuando las fuerzas de seguridad exigen revisar sus manos para verificar si se dedican a esa actividad productiva, excluyendo a algunas, sin tomar en cuenta los diferentes roles en la cadena de producción de la hoja de coca.

• Las mujeres productoras de la hoja de coca describen abandono del Estado, cárcel y extinción de dominio de los terrenos como las perspectivas que enfrentan en la actualidad.

 

Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.

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La Misión no pudo acceder a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para verificar los avances de cumplimiento del amplio plan y funcionamiento de las instituciones para el cumplimiento de la exigencia de las víctimas para “verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Reconoce que existen instancias gubernamentales, que en marco de la Ley 1448 del 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas de violencia sexual del conflicto armado interno. No obstante, llama la atención por la falta de recursos suficientes para enfrentar esos casos en la etapa actual y la urgencia de la reforma de esta ley en el sentido de la ampliación de su vigencia y mayor operatividad en los territorios afectados.

 

Conclusiones y recomendaciones.

1. La Misión Verificadora de la FDIM reitera su alta valoración de lo que significa para todo el pueblo de Colombia la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y las inmensas oportunidades que hay por delante para beneficio de las y los colombianos y un ejemplo para otros países.

2. La Misión expresa su profunda preocupación y lamenta que pese a la firma del Acuerdo Final, hayan asesinatos en contra de lideresas, defensoras de derechos humanos, mujeres campesinas y ex combatientes, y que continúen incrementándose. Es necesario agilizar medidas que otorguen garantías de seguridad para consolidar la participación política de la sociedad civil y ex combatientes para garantizar una paz estable y duradera. Aún existen 1125 prisioneros políticos de las FARC-EP, para quienes es imprescindible garantizar su libertad.

3. Atención especial requiere el caso de Nelly Luna, lideresa Presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Montañita en Caquetá. Ella se encuentra privada de libertad en la cárcel de Cunduy, Caquetá, Florencia por haber sido parte de los cercos humanitarios que defendieron las parcelas campesinas de la erradicación forzada de cultivo de hoja de coca cuando las comunidades habían firmado y estaban trabajando en los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en La Montañita. La jueza determinó que era un peligro para la sociedad "por su poder de convencimiento para las comunidades".

4. A un año de la firma del Acuerdo Final, se constata que este período ha sido para la elaboración de marcos normativos y creación de una institucionalidad que complejiza el funcionamiento ágil y efectivo del Estado para ejercer su función social. La gradualidad del proceso no corresponde con la celeridad que exigen las necesidades reales de las mujeres víctimas y excombatientes. En los territorios visitados, hubo manifestaciones de desesperanza, incertidumbre y angustia frente al futuro.

5. La Misión valora la incorporación transversal del enfoque de género en el Acuerdo Final para la Paz Estable y Duradera como un logro político del movimiento social de mujeres y de las excombatientes de las FARC que, desde las diversidades, territorios y acciones comunitarias, organizativas y de incidencia, participaron y contribuyeron para este avance. Para el Estado significa la implementación de compromisos internacionales adquiridos con la firma de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aboga por la adopción de una perspectiva de género que incluye las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción post-conflicto.

6. La Misión lamenta el fracaso en la propuesta de reformas a la normativa electoral y política que habrían garantizado candidaturas en términos de paridad a hombres y mujeres y otros cambios para ampliar la democratización y la transparencia en la participación política, aspecto medular para esta etapa del post conflicto armado.

7. Reconoce que, a partir de la información recibida en la Agencia Nacional de Tierras, se vislumbran soluciones a varios aspectos planteados por las mujeres rurales en dirección al acceso a la propiedad y copropiedad de la tierra, a la desjudicialización de las decisiones y al respeto y flexibilización de la extensión de la Unidad Agrícola Familiar.

8. Observa una incongruencia perversa entre la falta de implementación del Punto 1: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, y la insistencia por acelerar la implementación del Punto 4: “Solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito”. En entrevistas con instancias de gobierno, lideresas, organizaciones de mujeres y algunas comunidades rurales, se recibió información de las amenazas y violencia, que en algunos casos ha llegado a la masacre (Caso Tumaco), que reciben las y los productores de la hoja de coca para aceptar el proceso de sustitución de cultivos.

En este sentido, la propuesta de las comunidades y de las mujeres en concreto, es invertir la lógica: detener el punto 4 y acelerar el punto 1, que implica la garantía del acceso a la tierra, con el fin de evitar la tendencia actual en que los apoyos económicos destinados a los proyectos productivos de sustitución se diluyen en la sobrevivencia.

La Misión Verificadora, consciente que la Agencia Nacional de Tierras ha iniciado procedimientos técnico administrativos para impulsar los procesos para otorgar tierras a las mujeres y dar cumplimiento al programa de sustitución de cultivos, respalda la solicitud de las mujeres participantes en diversas reuniones en el sentido de detener temporalmente el Punto 4, y hacer esfuerzos por avanzar en el Punto 1 del Acuerdo Final, y así tener asegurada la oferta de tierras cuando se implemente el Punto número 4 del Acuerdo Final.

9. Constata que la principal demanda de las mujeres rurales es el acceso a tierra productiva y a créditos para producir y garantizar la sobrevivencia familiar. Las acciones de erradicación de cultivos de la hoja de coca ya están en marcha con mucha fuerza y esto provoca un vacío en la actividad económica, por lo que la asignación mensual se utilizará para la alimentación de esas mujeres y sus familias, sin que se vislumbre ninguna posibilidad de proyectos futuros para garantizar la producción y la sobrevivencia familiar.

10. La ausencia del Plan Marco de implementación del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera es una limitante y una deuda que no permite la efectiva implementación de las medidas contenidas en el Acuerdo Final. Este Plan debe garantizar la implementación de medidas afirmativas tendentes al cierre de las brechas de género y la transversalización de este enfoque, generando condiciones de viabilidad para la aplicación de los 51 indicadores de género propuestos por la Alta Instancia Especial de Mujeres.

11. Ante las expectativas generadas por la firma del Acuerdo Final para la Paz Estable y Duradera, entre las organizaciones de mujeres expresan la necesidad de ver acciones y resultados concretos y piden “pasar de la teoría a la práctica”.

12. Los territorios que fueron escenario del conflicto armado no cuentan con los servicios sociales que debe brindar el Estado, por lo que las comunidades han vivido las consecuencias de muertes maternas y falta de atención a la niñez. Las mujeres solicitan que se les garantice a ellas y sus familias el acceso a la educación y el acceso a la salud para las mujeres y la niñez cercanas a su domicilio, así como la construcción de vías de comunicación para trasladar sus productos.

13. Es necesario implementar una política de atención psicosocial que permita trabajar los traumas generados por la violencia propia del conflicto hacia las mujeres y la niñez de los territorios más afectados, en función de una política pública de prevención de la violencia y de salud mental.

14. Es muy importante que se implementen planes de divulgación del Acuerdo Final para informar, sensibilizar y empoderar a la población sobre sus derechos y las oportunidades que brinda la coyuntura en el marco del proceso del fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la paz estable y duradera. Esto contribuirá a propiciar la participación activa y democrática de diferentes sectores de la población.

15. Además de la divulgación del Acuerdo Final, debe haber procesos de pedagogía para la apropiación del significado y aplicación del enfoque de género, dirigidos a servidores públicos, sectores organizados y población en general.

16. Es imprescindible que el Acuerdo Final sea una política de Estado, cuya implementación sea efectiva, independientemente de los cambios de gobierno.

17. Se insiste que, tal como lo establece reiteradamente el Acuerdo Final, en la construcción de planes territoriales o políticas públicas que se diseñen en el contexto de la implementación del Acuerdo Final deben incluirse las voces de la sociedad civil, de los grupos étnicos y de las organizaciones de mujeres.

18. Durante esta visita no hubo posibilidad de conocer la situación de las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, ni tampoco la situación de las poblaciones desplazadas o refugiadas. Queda como un tema importante que se investigará en el futuro.

19. Es indispensable incluir y presupuestar las acciones que aborden los temas de la violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, las condiciones particulares de las mujeres gestantes y la educación en derechos sexuales y reproductivos.

20. Se recomienda que en los lugares de asentamiento colectivo de las y los excombatientes, de rigor se creen guarderías, lavanderías colectivas, proyectos productivos colectivos, entre otras medidas específicas que faciliten la participación en actividades económicas, educativas y políticas de las mujeres excombatientes, y no se vean obligadas a vivir exclusivamente reproduciendo los roles tradicionales de género.

21. El proceso de consolidación democrática y reforma política pasa por la participación del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria para el Común, (FARC) en el próximo proceso electoral de marzo de 2018. Es necesario otorgar las garantías jurídicas y de seguridad para la participación democrática y legal de este nuevo actor político, tal como lo establece el Acuerdo Final.