Maria Lisa Cinciari Rodano

Maria Lisa Cinciari

"Con la fundación de la FDIM teniamos la esperanza de aportar a construir un nuevo mundo y la conquista plena de los derechos de las mujeres"

Linda Matar

Linda Matar

"Seguiremos demostrando que los sueños no se miden por la edad, estos continúan mientras haya un corazón latiendo"

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Melida Anaya Montes

"En los momentos mas dificiles hay que tener la mente fria y el corazon ardiente de amor por la poblacion"

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Vilma Espín

"Una gran maestra de la vida, distinguida por su amor y de dedicación a la obra de la revolución"

Dada la frecuencia en que casos de violencia y discriminación contra las mujeres cometidos en el contexto de la función pública despiertan el interés de la opinión colectiva, organizaciones feministas demandan la aplicación de regimenes sancionatorios e implementación de medidas preventivas.

En el comunicado, las organizaciones exponen datos de la Fiscalía General de la República (FGR), donde entre 2012 y 2016 se ubican 50 funcionarios públicos, entre agentes de seguridad, fuerzas armadas, alcaldes y diputados han sido procesados por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, contemplado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, aprobada en noviembre de 2009.

Entre los delitos cometidos por hombres en el ejercicio de la función pública, las organizaciones identifican: discriminación en el ejercicio de la participación política y laboral, acoso sexual, acoso laboral, difusión ilegal de información, actos arbitrarios, expresiones de violencia contra la mujer (como las burlas), degradar a las mujeres en sus ámbitos de trabajo y de participación ciudadana, difusión de mensajes con contenido de odio y menosprecio a las mujeres.

Según estas organizaciones entre enero de 2014 y julio de 2016 la Dirección General de Inspecciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) reporta 234 denuncias por discriminación y 100 por acoso laboral. De estos casos solamente el 16% corresponde al sector público, y aunque el mayor porcentaje se concentra en el ámbito privado, la cifra no deja de ser alarmente por tratarse del ejercicio de la función pública.

El Foro Nacional de Salud, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, integrada por la Asociación "Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes" (Las Mélidas), Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) exigen una reforma jurídica integral en la Ley del Servicio Civil, Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Ley de la Garantía de Audiencias de los Empleados Públicos no comprendidos en la Carrera Administrativa y en la legislación electoral, con el fin de evitar que una persona con antecedentes de violencia hacia las mujeres tenga derecho a participar en un proceso de elección popular.

Estas organizaciones de mujeres exigen el cumplimiento del mandato constitucional de la función pública, que compromete al respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas (incluyendo a las mujeres), y a velar por que las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad a esta obligación.

Una de las principales consideraciones que retoma la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sostiene que las desigualdades de poder entre hombres y mujeres perpetuadas a través de la violencia, impiden a la mujeres ejercer plenamente sus derechos en el campo social, político, económico, cultural y familiar,  lo cual constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El ente rector de esta normativa es el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU).

Las organizaciones recordaron que es importante el papel de las víctimas en la denuncia de estos delitos, pues constituye el primer paso para superar la impunidad.

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